DEFENSORIA DEL PUEBLO

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Miércoles, 11 Abril 2018 11:54

Comunicado de la Defensoría del Pueblo sobre el PH Bahía del Golf

Como Institución Nacional de Derechos Humanos y en cumplimiento de nuestro mandato Constitucional de velar por la tutela de los derechos contenidos en la Constitución Política de la República de Panamá, así como en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley, la Defensoría del Pueblo observa con suma preocupación el patrón repetitivo, de prácticas intimidatorias, por parte de empresas de desarrollo inmobiliario contra personas, grupos, líderes comunitarios, comunidades y organizaciones de la sociedad civil. 


Estas acciones  ponen en peligro el ejercicio de la participación ciudadana en la  defensa de los derechos humanos, por la formulación de procesos civiles cuantiosos que generalmente conllevan solicitudes de medidas cautelares con fines amedrentadores; manifestándose en distintos ámbitos en perjuicio de todos los niveles sociales y económicos del país.

 

Dentro del marco de nuestra competencia, hemos respaldado a quienes se han encontrado en esta situación, incluyendo a residentes PH Bahía del Golf, que en octubre de 2015 fue secuestrado y demandado civilmente por la promotora, acciones que se extendieron a los bienes personales de las personas naturales que conforman la Asamblea de Propietarios y de la Junta Directiva del citado inmueble.

 

Las acciones de la promotora se dan en respuesta a una serie de presuntas irregularidades encontradas en la fase II del proyecto en construcción, denunciadas por la Junta Directiva del PH ante las instancias jurisdiccionales, con la finalidad que se determinara la legalidad o no de los permisos otorgados para esta fase.

 

Por su parte, la Junta Directiva del PH Bahía del Golf presentó un Amparo de Garantías Constitucionales, bajo la tesis de que es ilegal secuestrar a título personal a los integrantes de una Junta Directiva. A inicios de este año, la Corte Suprema de Justicia concedió el Amparo de Garantías Constitucionales, siendo este un precedente para casos similares. 

 

En atención a la presunta vulneración al derecho de petición, la Defensoría del Pueblo, solicitó los informes respectivos al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y al Municipio de Panamá, toda vez que éstas entidades según los afectados no les brindaron respuesta oportuna, a las solicitudes que en su momento en razón de sus competencias les fueran presentadas. 

 

La Defensoría en cumplimiento de su función de tutora de derechos humanos, recuerda a las autoridades competentes que cada vez que se presente una denuncia por supuestas irregularidades en el otorgamiento de los permisos de construcción, tienen la obligación de llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva, y dentro de un plazo razonable.